El Desafío de la Inversión Portuaria en Guatemala: La Necesidad de Certeza Jurídica
La infraestructura portuaria de un país es, sin duda, uno de los pilares que sostiene y potencia su economía. En este contexto, Guatemala, con su posición geográfica estratégica, tiene un potencial inmenso para consolidarse como un importante centro de comercio internacional.
Sin embargo, en los últimos años, nos hemos enfrentado a una realidad que contrasta con esta visión: un estancamiento evidente en la inversión del sector portuario. Esta situación no solo implica la pérdida de oportunidades comerciales, sino también retrasos y costos adicionales en las operaciones de exportación e importación, afectando directamente la dinámica económica y competitiva del país.
Reconociendo la vital importancia que tiene este tema para la prosperidad de Guatemala, es indispensable analizar y entender las razones detrás de esta falta de inversión y las implicaciones administrativas y legales que conlleva.
Historia Reciente: Falta de Inversión y Certeza Jurídica
Las decisiones de inversión en cualquier sector, y en especial en el sector portuario, requieren de condiciones adecuadas que permitan prever el retorno de la inversión y los posibles riesgos asociados. En este sentido, Guatemala ha enfrentado desafíos significativos que han entorpecido la atracción de inversionistas en su sector portuario. Una de las principales barreras ha sido la falta de certeza jurídica en los contratos suscritos con las empresas interesadas en desarrollar o modernizar infraestructura portuaria.
Esta situación no es un fenómeno reciente. A lo largo de los años, diversos actores han señalado inconsistencias, vacíos o ambigüedades en el marco normativo y en los contratos estipulados, lo que genera desconfianza y previene el compromiso de recursos para proyectos a largo plazo. Esta incertidumbre se traduce en dudas sobre la protección de los derechos de los inversionistas, la posibilidad de cambios inesperados en las reglas del juego y, en última instancia, el temor a sufrir pérdidas económicas considerables.
En un mundo globalizado, donde los inversionistas tienen la opción de dirigir sus recursos hacia países con ambientes más propicios y estables, es esencial que Guatemala ofrezca un entorno de confianza y transparencia. La certeza jurídica no solo favorece a las empresas y sus inversiones, sino que se traduce en beneficios para el país, generando empleo, fortaleciendo la cadena logística y potenciando la competitividad en el ámbito internacional.
En este panorama, es imperativo abordar la revisión y fortalecimiento del marco legal y contractual que rige el sector portuario, haciendo énfasis en su adaptabilidad, claridad y solidez, con el objetivo de recuperar la confianza de los inversionistas y reactivar el impulso necesario para el desarrollo y modernización de nuestros puertos.
Mala Conceptualización de los Puertos
Para comprender a cabalidad el rumbo que ha tomado la gestión portuaria en Guatemala, es esencial analizar el caso de Puerto Quetzal, uno de los puntos clave en cuanto a infraestructura portuaria se refiere en el país. En sus inicios, Puerto Quetzal fue concebido no como un mero mecanismo para generar ganancias estatales, sino más bien como una herramienta para consolidar a Guatemala como un actor principal en el comercio internacional. La filosofía detrás de este puerto era ofrecer tarifas competitivas y operaciones eficientes, garantizando de este modo un tráfico fluido de mercancías y convirtiendo al país en un destino preferente para el comercio global.
A lo largo de los años, esta noble visión ha ido perdiendo claridad. En lugar de mantener un enfoque que promueva la facilitación del comercio y la eficiencia en las operaciones, el Estado ha tomado una dirección distinta, asumiendo un papel más protagónico en la gestión y operatividad de Puerto Quetzal. Esta intervención directa, aunque puede ser vista como un intento de optimizar los beneficios derivados de las operaciones portuarias, ha derivado en ciertas ocasiones en decisiones que no necesariamente concuerdan con el objetivo primordial de eficiencia y competitividad.
La transición del papel del Estado, de ser un mero facilitador a convertirse en un actor con intereses económicos directos en el puerto, ha despertado inquietudes. Este cambio no solo puede conducir a decisiones que no estén alineadas con el propósito original del puerto, sino que también puede generar conflictos de interés, opacidades en la gestión y, en última instancia, desincentivar la inversión y la confianza de actores privados y socios comerciales internacionales.
Es vital reevaluar y redirigir la gestión y visión de Puerto Quetzal, reafirmando su compromiso original de ser un motor de crecimiento y competitividad para Guatemala en el escenario global.
Monopolización de Servicios Portuarios
En años recientes, hemos sido testigos de una tendencia preocupante: la monopolización de los servicios portuarios. En lugar de favorecer un ambiente donde diversas empresas compiten entre sí, ofreciendo así servicios de calidad y tarifas competitivas, hemos observado cómo el escenario se inclina hacia una centralización de los servicios bajo el alero del Estado.
El impulso detrás de esta centralización es claro: al controlar una mayor parte del sector, se intenta garantizar un mayor flujo de ingresos hacia las arcas estatales. Pero este modelo, que presiona a los inversionistas privados a entrar en asociaciones con el gobierno, ya sea mediante contratos de asociación público-privada o mediante asociaciones indirectas, conlleva riesgos significativos. Uno de los más evidentes es la reducción de la eficiencia. En un ambiente competitivo, las empresas buscan constantemente optimizar sus operaciones, mejorar sus servicios y ofrecer tarifas atractivas, sin embargo en un entorno monopolizado, este estímulo desaparece.
Adicionalmente, el riesgo de que los costos se incrementen es latente. Con menos actores compitiendo en el mercado, se reduce el incentivo para mantener los precios a raya. Esto no solo afecta a los operadores portuarios, sino que, a largo plazo, tiene un impacto en la economía nacional, encareciendo las exportaciones e importaciones y repercutiendo en el consumidor final.
Por último, y no menos importante, está la cuestión de la seguridad. Las operaciones portuarias requieren de protocolos estrictos para garantizar la seguridad de las mercancías, los trabajadores y las instalaciones. En un ambiente monopolizado, donde las prioridades pueden desviarse hacia objetivos políticos o financieros y no necesariamente operativos, la integridad de estos protocolos puede verse comprometida.
Es esencial que Guatemala reconsidere la dirección que está tomando en relación con la monopolización de servicios portuarios. Para garantizar un futuro próspero y competitivo, es imperativo favorecer un ambiente que incentive la innovación, la eficiencia y la seguridad en el sector.
La Solución: Certeza Jurídica y Autonomía para Inversionistas
El sector portuario, vital para la prosperidad y competitividad de Guatemala en el escenario global, ha enfrentado desafíos que han restringido su crecimiento y desarrollo. Una solución palpable y efectiva para incentivar la inversión y reactivar este sector radica en proporcionar certeza jurídica y autonomía a los inversionistas.
¿Qué significa, en la práctica, otorgar certeza jurídica? Implica diseñar un marco legal que sea coherente y predecible, donde las reglas no solo sean claras, sino también constantes en el tiempo. Esta previsibilidad permitiría a los inversionistas tener confianza en el sistema, sabiendo que su inversión no será amenazada por decisiones políticas cambiantes o interpretaciones legales imprevistas. Cuando un inversionista tiene confianza en el entorno legal, está más dispuesto a comprometer capital y recursos en proyectos de largo plazo, beneficiando así al sector y al país en general.
Por otro lado, es imperativo reconocer el papel que el Estado debe y no debe jugar. Si bien el Estado tiene la responsabilidad de supervisar y regular para garantizar que las operaciones sean seguras, justas y en línea con el interés público, no debería tratar de ser un actor activo en la gestión y operación de los puertos. El mercado, con su dinámica de competencia, es naturalmente eficiente en impulsar la innovación, la optimización de procesos y la oferta de tarifas atractivas. Una intervención directa del Estado podría desestabilizar esta dinámica.
En esencia, si queremos que Guatemala se posicione como un referente en operaciones portuarias, es esencial dar un paso atrás y permitir que los actores privados, bajo un marco regulador justo y predecible, lleven la batuta. Esto no solo atraerá inversión, sino que también fomentará un ambiente de competitividad y excelencia en el sector.
Beneficios para Guatemala
Es un mito común pensar que, al ceder espacio a la inversión privada, el Estado pierde protagonismo o relevancia. En realidad, una estrategia que fomente un clima propicio para la inversión en el sector portuario puede ser, de hecho, una de las acciones más benéficas para el propio Estado.
Cuando se establece un ambiente de inversión claro y competitivo, los inversionistas sienten confianza y están dispuestos a invertir en infraestructura, tecnología y formación de personal, mejorando la calidad y eficiencia de los servicios portuarios. Y aunque estos avances son impulsados por la inversión privada, generan un efecto multiplicador en la economía del país. El Estado, por su parte, no se queda como un mero observador de estos progresos.
A medida que el comercio crece gracias a puertos más eficientes, el flujo de mercancías aumenta. Cada producto que entra o sale del país está sujeto a aranceles e impuestos. Por lo tanto, un mayor volumen de comercio significa un incremento en la recaudación de estos tributos. Estos ingresos adicionales pueden ser reinvertidos por el Estado en otros sectores prioritarios, como educación, salud o seguridad, beneficiando a la población en su conjunto.
Además, al tener un sistema portuario eficiente y de calidad, Guatemala se posiciona en el mapa global como un destino atractivo para el comercio internacional. Esto no solo genera más ingresos directos a través del sector portuario, sino que también potencia sectores relacionados como el turismo, la logística y el transporte.
Por último, hay un beneficio intangible pero crucial: la imagen positiva de un país que fomenta la inversión y ofrece infraestructuras de calidad atrae a más inversionistas en otros sectores, diversificando y robusteciendo la economía nacional.
En resumen, permitir un ambiente propicio para la inversión no es renunciar al bienestar del Estado o de la sociedad; es, de hecho, una estrategia visionaria para potenciar el desarrollo y prosperidad del país en su totalidad.
Guatemala tiene ante sí el reto de revitalizar su sector portuario. Para ello, es esencial recuperar la visión original de puertos eficientes y competitivos, y ofrecer a los inversionistas el ambiente de certeza y confianza que necesitan. Solo así lograremos que nuestro país retome su posición como un actor relevante en el comercio internacional.
La falta de certeza jurídica en los contratos ha obstaculizado la inversión en el sector portuario. Inconsistencias y ambigüedades generan desconfianza e impiden la atracción de inversores.
Guatemala ha enfrentado desafíos significativos que han entorpecido la atracción de inversionistas en su sector portuario. Una de las principales barreras ha sido la falta de certeza jurídica en los contratos suscritos con las empresas interesadas en desarrollar o modernizar infraestructura portuaria.
Rodolfo Salazar – Socio de BLP
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Guatemala, Un horizonte comercial mirado con optimismo
El mundo comienza lentamente a dejar atrás los embates generados por la crisis sanitaria del Covid-19. La pandemia, evidentemente, ocasionó serios inconvenientes e interrupciones en el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales globales. Es más, una de las zonas más afectadas por esta contingencia fue América Latina y el Caribe.
Proyecciones entregadas por distintos organismos, como el informe sobre la Situación y Perspectivas de la Economía Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que indica al respecto que la economía mundial crecerá 1,9% en 2023 y se elevará moderadamente en 2,7% en 2024.
En América Central, las autoridades del Banco Central de Guatemala (BCG), aseguraron que esperan tener durante el 2023 un ligero crecimiento en el consumo interno y estabilidad en las exportaciones, pese a la desaceleración económica mundial por los conflictos internacionales, la escasez de materia prima y múltiples interrupciones en cadenas de suministro producidas por las todavía presentes congestiones portuarias en algunos terminales.
En el caso de confirmarse lo proyectado por el BCG, la nación podría registrar durante el presente año un PIB que rondará en los US$75.000 millones. Registro que marcaría un leve aumento económico. Es más, el ente había comentado hace algunas semanas que, la última vez que la tasa de crecimiento de Guatemala cayó fue en el 2020, cuando el PIB registró un margen negativo de 1.8 puntos porcentuales.
No debemos olvidar, que en 2022 Guatemala logró algo que para mucho fue catalogado como “impresionante”; fue la única nación de toda América Latina que tuvo una perspectiva positiva en su calificación regional, lo que refleja un desempeño fiscal y económico mucho mejor de lo esperado al inicio de la pandemia del Covid-19.
Para muchos expertos, el país mostró resiliencia y datos positivos de crecimiento fiscales, motivo por el cual el panorama es propicio para la calificación que obtuvo este año.
Por otra parte, el aumento en la producción de los sectores de agroindustria, construcción y turismo, son mencionados como industrias claves para reactivar la economía durante el 2023. Es más, el Banco Interamericano y Desarrollo (BID), corroboró esta tendencia al manifestar que, estas tres actividades económicas, podrían ser las que logren impulsar al resto de la producción. Incluso, se habla de un 20% más que el promedio de los otros sectores de la economía local.
Guatemala, trabaja fuerte para crecer económicamente. Lograr sus objetivos dependerá si sabe aprovechar una serie de oportunidades que posibilitan abrir nuevos mercados, ejecutando políticas públicas enfocadas a generar capacitación de recursos humanos, potenciar las pequeñas y medianas empresas y fomentar la inversión nacional y extranjera, incorporando siempre a todos los sectores económicos del país.
Amy Zepeda
SEAL
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A ganar con el Santo Grial: Divisas en Guatemala
En un mundo donde las fronteras comerciales se desdibujan cada vez más, el manejo adecuado de divisas se convierte en un factor crítico para el éxito de las empresas exportadoras. Guatemala, con su rica diversidad, tiene un enorme potencial en el mercado internacional. Sin embargo, este potencial solo puede ser completamente realizado si se implementan estrategias efectivas de manejo de divisas.
Una de las principales preocupaciones para los exportadores guatemaltecos es la volatilidad de las tasas de cambio. Los cambios repentinos en el valor de la moneda pueden afectar significativamente los márgenes de ganancia y la competitividad en el mercado internacional, y es fundamental que las empresas exportadoras implementen estrategias de cobertura cambiaria para protegerse contra tales fluctuaciones. Las opciones de divisas pueden ser herramientas valiosas para mitigar el riesgo cambiario y garantizar una estabilidad en los ingresos.
Además de la cobertura cambiaria, las empresas exportadoras también pueden beneficiarse de una gestión proactiva de las divisas. Por ejemplo, si se espera una apreciación de la moneda guatemalteca, las empresas podrían optar por retener parte de sus ingresos en moneda local y convertirlos en dólares en el momento más favorable.
Al expandir la base de clientes a nivel internacional, las empresas pueden reducir su exposición a riesgos específicos de un país o región y aprovechar las oportunidades emergentes en otros mercados. Sin embargo, esta estrategia también implica la necesidad de una gestión cuidadosa de las divisas para adaptarse a las diferentes condiciones cambiarias en cada mercado.
Es crucial que las empresas exportadoras guatemaltecas cuenten con el apoyo de una casa de cambio dedicada. La comprensión de los mercados financieros internacionales y la capacidad para tomar decisiones informadas en tiempo real son habilidades esenciales en un entorno tan dinámico como el de las divisas.
En resumen, el manejo efectivo de divisas es un elemento fundamental en la estrategia de exportación de Guatemala. Las empresas que adoptan un enfoque proactivo hacia la cobertura cambiaria, la gestión de riesgos y la diversificación de mercados estarán mejor posicionadas para maximizar ganancias y ser exitoso en el competitivo mercado internacional.
“Cada fluctuación financiera se normaliza con divisas dedicadas para empresas”
Marco Antonio Martínez Gómez
mmartinez@servimicoope.com.gt
Los Símbolos Patrios y la Propiedad Industrial
“Los Países parte de la Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, prohíben el uso y registro de símbolos patrios sin autorización del Estado Parte”
Cada 15 de septiembre se conmemora el día de la independencia; se realizan desfiles escolares, marchas de bandas de guerra, actos cívicos, entre otros. El 14 de septiembre se realizan las tradicionales “antorchas de independencia” en el cual grupos de personas entre pitos, bocinas y banderas recorren (trotando), diferentes puntos del país, lideradas por la persona que carga el fuego patrio.
La bandera se considera la “insignia suprema de la patria” (artículo 1 del decreto 104-97 del Congreso de la República), en este mes reflexionamos sobre la importancia de la Propiedad Industrial para los Símbolos Patrios.
Los Símbolos Patrios son signos (representaciones visuales, verbales, y culturales) que encarnan una identificación cultural, sentimental y patriótica; una identidad propia de País. Tienen una protección especial en la Propiedad Industrial, las leyes y convenios internacionales de la materia impiden la utilización en el comercio sin el consentimiento del país al que dicho símbolo pertenece.
El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 6ter, otorga a los Estados parte la obligación de rehusar, anular y prohibir la utilización como marca o elemento de la misma los escudos de armas, banderas y otros emblemas de los Países parte.
El articulo 20 literal I del decreto 57-2000 del Congreso de la República, Ley de Propiedad Industrial, prohíbe la utilización de una marca que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera, símbolo, emblema, sigla, denominación o abreviación de cualquier Estado sin autorización de la autoridad competente.
La ley de Propiedad Industrial considera que el uso de signos que imiten o reproduzcan símbolos patrios que ofendan o ridiculicen los símbolos nacionales de cualquier país sin autorización, será considerado un acto de competencia desleal a tenor del artículo 173 de la Ley de Propiedad Industrial; la acción de competencia desleal en materia de Propiedad Industrial se encuentra tipificada como delito en el artículo 358 del Código Penal.
La autorización para el uso de un símbolo patrio en el comercio corresponde al Ministerio de Cultura y Deportes, que tiene como objetivo atender todo lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones, incluyendo la autorización para el uso de símbolos patrios en el comercio.
Como guatemaltecos tenemos la responsabilidad legal y moral del uso responsable de nuestros símbolos que nos identifican como país.
Fernando J. Diaz Duran C.
Correo: [email protected]
Legislación en el sector de zumos de frutas
La FAO y la OMS crearon en 1962 un Código Alimentario para facilitar el comercio internacional de alimentos y garantizar su calidad, seguridad e inocuidad. El código, ampliamente aceptado y adoptado, se ocupa de la protección del consumidor, así como de la producción y comercio de los alimentos a escala mundial, nacional, regional y local. La legislación de zumos vigente en la actualidad en la Unión Europea está regulada por:
- Directiva 2001/112/CE objeto de transposición del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.
- Directiva 2009/106/CE de la Comisión, de 14 de agosto, por la que modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana.
Los principales parámetros que se analizan en un zumo para comprobar la calidad y veracidad de este son:
- Sólidos solubles: Azúcares y ácidos que se miden empleando un parámetro llamado “grados Brix”
- Azúcares: análisis de Glucosa, Fructosa y Sacarosa.
- Ácidos: La acidez cambia según la variedad, zona de cultivo y maduración del fruto.
- Vitamina C: el componente más importante de los cítricos. Solo la cuarta parte pasa al zumo.
- Índice de formol: presencia de ciertos aminoácidos.
- Nitrógeno total: relación constante entre proteínas y nitrógeno. Permite saber la cantidad de proteínas en el zumo.
- Cenizas: son elementos minerales presentes en todos los alimentos.
- Índice de madurez: es la relación entre los grados Brix y la acidez. Elevados valores en este parámetro indican excesiva maduración del fruto.
“Actualmente la unión europea tiene dos normaitvas vigentes para los zumos de frutas”
Es importante conocer la legislación y los diferentes análisis que se pueden realizar en los zumos de frutas, para asegurar la calidad. Como partners de Grupo Eurofins en Latinoamérica contamos con la capacidad analítica de desarrollar ensayos de zumos de frutas, con métodos acreditados y con un respaldo internacional. Escríbenos a [email protected] para más consultas.
Referencias:
https://tecnosolucionescr.net/blog/529-analisis-del-sector-en-zumos-de-frutas-y-legislacion-para-asegurar-la-calidad
Tendencia de consumo: Cosméticos veganos
El veganismo es una filosofía o estilo de vida que se basa en excluir en la medida de lo posible la crueldad animal en productos destinados para alimentos, vestimenta y cualquier otro uso, el término vegano refiere a la omisión de cualquier producto de origen animal (carne, lácteos, miel, pescado y huevos) (National Geographic, 2022).
Los cosméticos son productos de uso externo con fines de embellecimiento y/o higiene personal (Instituto de Salud Pública de Chile, 2024). Las generaciones de consumidores actuales son más conscientes durante la elección de sus productos cosméticos, buscando opciones más naturales, responsables con el medio ambiente y libres de maltrato animal, por lo que existe una demanda creciente de productos veganos para satisfacer estas necesidades (Dorado-Díaz et al., 2023).
La declaración de un producto como vegano no se debe tomar a la ligera, ya que es importante comprobar mediante métodos analíticos que no haya presencia de ingredientes de origen animal o con residuos de estos. Para esto se pueden realizar pruebas de ADN de distintos animales que permitan determinar que los productos no tengan residuos de origen animal y de esa manera poder optar por sellos y certificaciones veganas.
En TSI Life Science Advance contamos con paquetes completos de análisis de ADN animal en gran variedad de productos como lo son los cosméticos para que puedas obtener sello vegano.
Palabras clave: Veganismo, Cosméticos, Sello vegano, Certificaciones, Pruebas de ADN.
Referencias:
Dorado-Díaz, N., Gutiérrez-Grajales, K., y Hinestroza, K. (2023). Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa Productora Y Comercializadora De Cosméticos Veganos En Santiago De Cali (Licenciatura). Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium
Instituto de Salud Pública de Chile. (2024). Cosméticos. Recuperado el 28 de febrero del 2024 desde https://www.ispch.gob.cl/anamed/cosmeticos/
International Vegan Certificate. (2024). Certificación Vegana. https://somosivc.org/
National Geographic. (2022). ¿Qué es el veganismo?. Recuperado el 27 de febrero del 2024 desde https://www.nationalgeographicla.com/historia/2022/10/que-es-el-veganismo
La Importancia de la Sostenibilidad en las Empresas
Las sostenibilidad es un concepto que desde hace algún tiempo las empresas han incluido en sus planes de trabajo, objetivos estratégicos y metas tanto a mediano como a largo plazo, como consecuencia de una sociedad que se preocupa y exige mayor responsabilidad a las empresas para adquirir sus productos, generar impacto positivo entre sus partes interesadas tanto internas como externas, así como ser responsables en el consumo de fuentes de materia prima, incluyendo los proveedores que utilicen. En algunas ocasiones se puede cuestionar el alcance del concepto de sostenibilidad, debiendo entenderse como todas aquellas conductas y acciones que contribuyen a desarrollar un impacto positivo y responsable en términos ambientales, sociales y económicos. Los asuntos no financieros asociados a la sostenibilidad que pueden generar riesgos operativos o de reputación se consideran los temas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).
Dentro de los temas de ASG se pueden considerar:
a) Ambientales: Están relacionadas con el cuidado y conservación del entorno natural y medio ambiente, siendo importante que cada empresa pueda evaluar si cumple con la normativa ambiental local-nacional y requerimientos internacionales mínimos.
b) Sociales: Este aspecto se relaciona con la gestión de las compañías hacia su ambiente interno-externo y que puedan verse afectadas por la actividad que realizan, área que está íntimamente ligada a los aspectos laborales, ya que influyen las condiciones de trabajo, la erradicación del trabajo infantil, diversidad, igualdad laboral, seguridad industrial, salud y seguridad ocupacional, que hace necesario que cada Compañía tenga implementadas políticas y lineamientos enfocados en los aspectos antes descritos.
c) Gobierno Corporativo: Relacionado a la gestión y liderazgo de las Compañías, donde convergen factores relacionados a la retribución de sus ejecutivos, ética empresarial, transparencia fiscal y su estructura de gobierno, siendo importante implementar códigos de ética, protocolos familiares, pactos de accionistas, entre otros.
“Los asuntos no financieros asociados a la sostenibilidad que pueden generar riesgos operativos se consideran los temas ASG”.
Para nosotros, en Deloitte Legal, la Sostenibilidad es una prioridad estratégica y contamos con un equipo que puede apoyarlo en el tema.